FW: EXTREMADURA EL AGUA URBANA MAS CARA

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José Ignacio Sánchez Sánchez-Mora : ¿Ha de revisarse el canon de saneamiento?

Soportamos uno de los costes del agua urbana más elevados del país en relación con la renta disponible

TEtl canon de saneamiento fue creado por el Gobierno de Extremadura en el año 2012, fundamentándose en la aplicación del principio de recuperación de costes que establece la Directiva Marco del Agua de la UE. Cuando se decidió la creación de ese canon, dio la impresión de que el Gobierno extremeño no tuvo en cuenta algunas consideraciones de importancia que paso a exponer.

La primera es que el agua es un bien básico imprescindible para la vida, además de ser un bien público. Estas características determinan que el agua como líquido elemento ha salirle gratis a los ciudadanos. Se han de repercutir en el consumidor solamente los costes del servicio y desde el año 2010 de acuerdo con la Directiva Marco también los costes ambientales y los del recurso, aunque el definir estos dos últimos tipos de coste sea labor harto difícil y compleja.

El segundo considerando, que no es baladí, es que los costes del servicio del agua urbana ya se recuperan en Extremadura al igual que se hace en el resto de España. Los de las infraestructuras realizadas por el Estado se reintegran a través del pago del canon de regulación y de la tarifa de utilización del agua que ha de abonarse a las Confederaciones Hidrográficas. Como caso excepcional en las obras hidráulicas de abastecimiento y saneamiento ejecutadas por la Junta de Extremadura no se recuperaban los costes de amortización. Por otro lado los costes de explotación y mantenimiento son pagados por los ciudadanos en todos los casos, sean obras del Estado o de la Junta de Extremadura, a los entes o empresas explotadores de la infraestructura hidráulica.

EN CONSECUENCIA, salvo en las obras que ha llevado a cabo la Junta de Extremadura y cuyos costes de amortización no se recaudaban hasta la llegada del nuevo canon, en el resto de actuaciones hidráulicas este canon autonómico constituye una doble imposición, lo que da lugar a una situación a todas luces injusta aunque pueda ser legal.

Parece que el Gobierno de Extremadura ha reflexionado sobre este impuesto y se propone rebajarlo sustancialmente en el próximo ejercicio presupuestario. Rectificar es de sabios, pero para rematar la faena sería deseable que en una época de crisis como la que padecemos, el gobierno extremeño fuera sensible y procediera a su eliminación excepto para el caso de la amortización de las obras realizadas por la Junta de Extremadura que no se repercutían hasta ahora. Lo recaudado por este concepto permitiría nuevas inversiones en infraestructuras hidráulicas regionales.

Y otra razón de peso para esta revisión es que en Extremadura soportamos uno de los costes del agua urbana más elevados de España en relación con la renta disponible y por ello el esfuerzo monetario que las familias extremeñas han de llevar a cabo para pagarlo es sensiblemente superior al de la media española.

 

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