SOLO EN ESTE CAPITULO HEMOS PERDIDO 270 MILLONES DE EUROS ANUALES,A CAMBIO DE PERDER CALIDAD DE SERVICIO.
Pese al descenso, 26 de cada cien extremeños que trabajan lo hacen en la administración, la tasa más alta de España
EN PRIMERA PERSONA
BENITO ROMÁN CSI-F
«Los datos demuestran que no convocar empleo público tiene consecuencias»
MIGUEL COQUE CC. OO
«Entre esos 13.500 hay sobre todo gente de educación, sanidad y servicios sociales»
La sangría laboral más importante que ha padecido Extremadura desde que comenzó la crisis ha afectado al sector privado, pero el público no se ha ido de rositas. Lo deja claro la EPA (Encuesta de Población Activa) que el Instituto Nacional de Estadística publicó anteayer.
Este detallado análisis del que políticos y periodistas, entre otros, están pendientes desde días antes de que salga a la luz detalla que al cierre del año pasado, había en la comunidad autónoma 335.700 ocupados, o sea, personas con trabajo. De ellos, 246.500 -o lo que es lo mismo, el 73 por ciento- se ganaban la vida en una empresa privada y 89.200 cobraban de la administración. A finales de 2007, cuando la crisis era si acaso un atisbo, el primer grupo sumaba 315.200 y el segundo 102.700. Esto significa que desde el tercer trimestre del año 2007 hasta ahora, en la región se han perdido 82.000 empleos, de los que 68.700 eran del sector privado y 13.500 del público. Esto equivale a un descenso del 22 y del 13 por ciento, respectivamente (en el conjunto del país, fueron del 21% y el 18%). Números, en definitiva, que evidencian que el golpe más duro se lo ha llevado el sector privado, pero que el público ni mucho menos ha salido indemne.
«13.500 empleos son muchos», valora de inicio Benito Román, presidente del sindicato CSI-F (Central Sindical Independiente y de Funcionarios) en Extremadura. «La mayoría de esos puestos de trabajo -continúa- han salido de tres sectores: educación, sanidad y servicios sociales». «Los datos de la EPA -reflexiona Román- corroboran lo que venimos denunciando desde hace tiempo: que la ausencia de convocatorias de empleo público tiene consecuencias». Se refiere el presidente de CSI-F, entre otras repercusiones, a «la merma en la calidad de los servicios públicos, que es una de las enseñas de la democracia».
Los datos del INE ayudan a clarificar una cuestión que en ocasiones induce a errores: estar en nómina de la administración no equivale a tener un trabajo asegurado hasta jubilarse. Este tranquilizador escenario sólo es posible en el caso de funcionarios. Pero en la administración también hay personal laboral o interinos, categoría a la que pertenecen la gran mayoría de las 13.500 personas que han perdido su empleo en los últimos seis años.
«En ese grupo de los que han perdido su trabajo en el sector público -desgrana Miguel Coque, de Comisiones Obreras- hay gente de los planes de experiencia de los ayuntamientos, los profesores que cubren las horas extraordinarias y cobran 300 euros al mes, quienes hacían sustituciones en hospitales o centros de salud, es decir, gente de educación, sanidad y servicios sociales, principalmente».
Pese a estos 13.500 empleos perdidos durante la crisis, Extremadura sigue siendo la región en la que más pesa el sector público sobre el conjunto del mercado laboral. Según la última EPA, 26 de cada cien personas con empleo en Extremadura trabajan en la administración, lo que incluye todas sus escalas, o sea, ayuntamientos, diputaciones, Junta y ministerios, más sus organismos adscritos. Esta tasa es la más alta de España con diferencia, ya que el segundo puesto es para Castilla La Mancha, con un 20 por ciento.
Servicios
Este dato, como el resto, tiene su explicación. Y en gran modo, la comparten Benito Román y Miguel Coque. «Es normal», afirma el secretario de Formación y Empleo de Comisiones Obreras. «¡Cómo vamos a tener las mismas ratios que Madrid!», añade. «Mantener los servicios públicos en Extremadura es carísimo, por lo grande que es la comunidad autónoma y por lo dispersa que está la población», apunta Coque, que considera «demagógico» utilizar este dato (la mayor tasa del país de ocupados en nómina de la administración) si no se tienen en cuenta esas variables a las que alude.
«Ya quisiéramos nosotros tener industrias que nos permitieran diversificar empleo, en ese caso no tendríamos ese índice de trabajadores del sector público», plantea el presidente de CSI-F. «La dispersión geográfica y poblacional que caracteriza a nuestra región -concluye Benito Román- obliga a aumentar el número de trabajadores de la administración si queremos mantener servicios públicos».
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