jueves, 19 de noviembre de 2009

Respuesta a "los empresarios" de la Junta. Cómo el Holding GPEX "escapa" de los controles públicos

A través de su servicio de infofax la FSP-UGT (Sector de Administración Autonómica) está haciendo llegar a los trabajadores de la Junta de Extremadura un comunicado mediante el cual analiza una cuestión sobre la que muchas personas progresistas ya nos preguntábamos, esto es, la relativa a cómo el Holding GPEX (Sociedad de Gestión Pública de Extremadura) "escapa" de los controles públicos. A continuación os dejamos el texto íntegro de la citada hoja informativa:

Respuesta a "los empresarios" de la Junta. Cómo el Holding GPEX "escapa" de los controles públicos (Publicado en el diario Hoy el Domingo día 15 de Noviembre)

La obsesión por conseguir la mayor eficiencia y agilidad en el funcionamiento de los servicios públicos a cualquier precio ha llevado a los responsables políticos a optar, erróneamente, por la forma facilona del recurso a la creación de empresas públicas para gestionar servicios públicos en Extremadura, a través del Holding GPEX. Lo más coherente hubiese sido que previamente hubieran intentado soluciones públicas que, sin salir de los principios de la Administración Pública, diesen solución a los posibles problemas puntuales que en esta se puedan plantear; y, con ello, poder conseguir los mismos objetivos de eficiencia, eficacia, calidad y agilidad en su funcionamiento, que sí son posibles de alcanzar a través de la Administración, con la articulación de una adecuada organización de sus empleados públicos.

De todas formas, no nos engañemos, a pesar de que el responsable del mencionado Holding empresarial (Señor Ruiz Peña) "saque pecho" y, como no podía ser de otra manera, "defienda lo suyo", en estas empresas todavía está por ver que se pueda conseguir la eficacia deseada. Porque cuando la Administración se viste de empresa, es empresa pero pública, y le pueden aquejar semejantes males que a la Administración pública, no debiéndose confundir su presunta mejor eficacia con la de la empresa privada, en la que el patrimonio es enteramente privado y la gestión del mismo repercute, euro a euro, en el bolsillo del empresario. La empresa pública no tiene los riesgos de la privada, porque sus gestores disparan con "pólvora del Rey", con dinero de los ciudadanos, que se ven reflejados en la Ley de Presupuestos y que la protegen de los riesgos de una posible quiebra empresarial. Y, concretamente, el Holding que dirige el Señor Ruíz Peña es aún más fácil de gestionar cuando se carece de gastos, ya que casi el 90% de los recursos humanos trabajan en las instalaciones de las Consejerías, y todos los gastos de material son aportados por la Junta de Extremadura.

Con estas "empresas públicas", lo que claramente se consigue es huir de todo control del Derecho Administrativo y su jurisdicción Administrativa. Ya que, cuando la Ley y los tribunales no pueden controlar la actividad administrativa, porque ya no existe tal actividad, sino gestión mercantil que está sujeta al derecho privado civil, mercantil, etc., se pone en peligro la objetividad, la imparcialidad y la igualdad de trato de los ciudadanos ante los servicios públicos. Y, lo que es aún más grave, se abona un terreno que resulta ser muy propicio para la corrupción política.

O lo que es lo mismo, cuando se gestionan fondos del bolsillo de todos, fondos públicos, no se debe contratar libremente la realización de trabajos, ejecuciones de obras, etc., pues la adjudicación de cualquier tipo de trabajo u obra debe ser transparente y mediante concursos públicos. En definitiva, cualquier ciudadano o empresario debe poder acceder a ellos en régimen de igualdad; pero ello sólo es posible si se actúa como Administración pública, que está sometida a la Ley de Contratos, que garantiza esta igualdad e imparcialidad; y estas "empresas públicas" escapan de este control del procedimiento y la legalidad.

Partiendo del planteamiento del Señor Ruíz, de "hacer más con menos" tenemos que decir que ello lo consigue, siguiendo los preceptos más radicales del neoliberalismo salvaje que "parece" en clara contradicción con los principios y actuación del Gobierno de la Nación y de su Presidente, recortando derechos y empeorando las condiciones laborales de los trabajadores, con salarios bajos, prolongación de jornadas laborales, desigualdad de derechos y precariedad en el empleo, ya que un alto porcentaje de los trabajadores son contratados temporales.

Sorprende que en tiempos de crisis, este Holding empresarial obtenga beneficios, cuando el lucro no es la finalidad, sino que los beneficios obtenidos deben revertir en la prestación de unos mejores servicios de calidad a la ciudadanía. Queremos creer que a ello también habrán contribuido los altos cargos de estas empresas públicas con la disminución de sus sueldos. Y suponemos que con el mismo criterio defendido por el Señor Ruíz Peña de "hacer más con menos" también se debería de reducir el equipo directivo.

Por otra parte, y cuando estamos hablando del sector público, el acceso al trabajo en estas empresas debe regirse por los mismos principios legales que para acceder a la Junta de Extemadura: igualdad, mérito, capacidad y publicidad en la selección de personal. Y que a estas empresas, en principio no les afectan, ya que aunque formen parte del sector público, no están sometidas a la aludida Ley ni a los principios antes indicados. Y cuando la empresa es pública debería estar sometida a las mismas leyes que rigen para la Administración pública. Por lo tanto, a sus trabajadores se les debe aplicar el Convenio Colectivo para el personal laboral de la Junta de Extremadura, para que no existan discriminaciones y desigualdades entre los propios trabajadores.

Todo ello, se lleva a cabo con la dudosa legalidad de realización de funciones que son públicas por parte de trabajadores, que en su gran mayoría se confunden con los empleados públicos en unas mismas dependencias. Y que al no estar sometido a la Ley, ni revestido del carácter de funcionario público, puede no respetar, entre otros, los principios de objetividad en la gestión de los intereses generales.


-o-o- Espacio destinado a la difusión de mensajes de utilidad social -o-o-

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6 comentarios:

  1. Se mean encima de nosotros y quieren que digamos que llueve.
    Las contrataciones en estas empresas se hace con cacicadas por doquier, como citar a entrevistas en sábados con puente vacacional por medio, y a las 8 de la tarde en pleno invierno, y con apenas 24 horas de antelación. Con estas cribas, es más fácil contratar a amiguetes y queridas. Si nos hubieran contado hace años que esto iba a ocurrir aquí, ahora y gobernando los nuestros, no nos lo hubiéramos creído. La degradación democrática está alcanzando un grado tal, que llamar a esto democracia suena a chiste.

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  2. Hola amigo Innopolis:

    De este Holding empresarial hay mucho de lo que hablar, a pocas personas progresistas gustan sus formas, usos y costubres; si el neoliberalismo se ejerce bajo las siglas del PSOE pues apaga y vámonos. La Sección Autonómica de la FSP-UGT dice lo que se expone en este post, pero también CC.OO. tiene opinión sobre el asunto. A continuación te dejo todo aquello que se trata en su FORO DE TRABAJADORES DEL CESEX. El CESEX es una de las empresas integrantes del grupo GPEX (Gestión Pública de Extremadura), Holding que agrupa las empresas públicas cuyo capital es 100% de la CC.AA. de Extremadura .

    Recibe un abrazote amigo.

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  3. Leer este artículo; esta sentencia sobre este tema es muy importante:
    Varapalo a las encomiendas de gestión en las Administraciones Públicas:
    www.extremaduraprogresista.com

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  4. Varapalo a las encomiendas de gestión en las Administraciones Públicas.

    En una reciente sentencia la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha acordado suspender de manera cautelar la resolución de 27 de febrero de 2009 por la que se encomienda a Sadesi, sociedad mercantil adscrita a la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, la operación y soporte de sistemas de gestión empresarial implantado en la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo de la Consejería de Presidencia, según informa Europa Press.
    Para el sindicato recurrente afirma que "la atribución de potestades públicas al personal de la mercantil sería contraria a Ley y supone el reflejo de la huida del Derecho Administrativo que está experimentando la Administración andaluza, variando de contenido las funciones y atribuciones de los funcionarios públicos", añadiendo que el interés general "no se vería perturbado, puesto que las tareas de la encomienda están siendo desempeñadas por el personal funcionario" de Presidencia.

    El referido Tribunal "ya ha estimado el recurso 597/2008 del mismo sindicato contra otra encomienda de gestión, al entender que contenía el ejercicio de potestades públicas reservadas a los funcionarios", por lo que acuerda adoptar la medida cautelar solicitada y suspender la referida resolución, contra la cual cabe recurso de súplica.

    http://www.extremaduraprogresista.com/

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  5. Por su parte, en la Junta de Extremadura han crecido como hongos las encomiendas de gestión a las empresas públicas integradas en GPEx con la excusa de la eficiencia, eficacia, calidad y agilidad, suponiendo una clara huída del control del derecho administrativo, poniendo en evidencia la imparcialidad propia de una Administración, la igualdad de trato, la selección del personal mediante un proceso no discriminatario, peores condiciones laborales y menor sueldo que los funcionarios que hacen un similar trabajo, gran temporalidad y precariedad, inaplicación del Decreto 40/2006 al haber muchos trabajadores que deberían adquirir la condición de fijos, menos derechos de los trabajadores eventuales, privatización de la Administración Pública…

    La Ley 4/2005, de 8 de julio, de reordenación del sector público empresarial de la Comunidad Autónoma de Extremadura, que regula este tipo de encomiendas de gestión, dice muy clarito en su artículo 8 que “La encomienda de dichas actividades no podrá implicar, en ningún caso, la atribución de potestades, funciones o facultades sujetas a Derecho Administrativo propias de la Administración”. A buen entendedor pocas palabras bastan.

    ¡Que vaya tomando nota la Junta de Extremadura de la de la sentencia del TSJA!

    http://www.extremaduraprogresista.com/

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  6. Crítica a la forma de contratar Junta Extremadura

    CNT critica que se contrate a través de empresas semipúblicas cuando existen bolsas de opositores.
    CNT advierte del malestar entre los opositores por la contratación de personal a traves del grupo gpex.

    CNT cree que es incoherente la actuación de la Junta de Extremadura en materia de contratación que se está dando en algunas Consejerías y se pregunta por qué no se llaman a las personas integrantes de las bolsas de trabajo, muchas de ellas en paro, y que, por otro, lado se esté contratando a personal a través de empresas semipúblicas del grupo GPEX[1], ya que éste personal no ha pasado por un proceso selectivo tipo oposición publica, que es el mecanismo de contratación tal y como indica, por cierto, la Función Publica extremeña.

    CNT califica de injusticia lo que se esta haciendo con los opositores que integran las listas de espera; estas personas, que en su día tuvieron que dedicar mucho tiempo a prepararse, ven ahora cómo las plazas libres estén siendo ocupadas por gente que han entrado a través de una entrevista personal, lo que puede dar lugar a que la discrecionalidad a la hora de contratar a alguien vaya en detrimento del mérito y la capacidad.

    Desde CNT se advierte de que hay gran malestar entre los opositores, ya que no se entiende por este colectivo que no se muevan las bolsas y que plazas de nueva creación se ocupen por personal de GPEX, como es el caso del nuevo centro de Investigación de Agricultura Ecológica. CNT se pone a disposición de todas las personas afectadas para buscar una solución satisfactoria a este caso.

    Por otro lado, CNT muestra su rechazo a la galopante privatización de los servicios públicos extremeños, con lo que esto conlleva; es decir, a más privatización más precariedad laboral, salarial y de servicios al ciudadano.

    http://www.cnt.es/node/1512

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