CARLOS MULAS GRANADOS EL 13

Esperamos que el PSOE haya resuelto ya el expediente de expulsión,porque si no lo ha resuelto, puede que tenga otra patata caliente sin resolver ¿quién ocupará la vacante de Elena Valenciano en el congreso de los diputados? Si lo llega a ocupar Mulas por no haber renunciado, es para que el PSOE se repiense  qué ha hecho con el expediente y con la renuncia del afectado.

Izquierda socialista de Extremadura /PSOE, desea que todo esto esté ya resuelto y bien para el PSOE, ya que en caso contrario habría que expulsar del PSOE a quien/es no hayan sido capazes de resolver este asunto .

CAIGA QUIEN CAIGA.

EL PSOE abre expediente de expulsión a Mulas por el escándalo de la Fundación Ideas (25012013)

Carlos Mulas registró el logo y la marca de Amy Martin
La dirección socialista tiene la posibilidad de denunciar al exdirector de la fundación por un delito societario
Carlos Mulas era administrador único de la empresa que registró en 2011 la marca 'Amy Martin'Logo de 'Amy Martin', registrado en marzo de 2011 por Storylines Projects, S.L.

• La esposa de Mulas: "Yo soy Amy Martin"
• Hasta antes de ayer el PSOE sí confiaba en Carlos Mulas. Ahora le han abierto un expediente de expulsión del partido, según fuentes socialistas, pero el destituido ocupó el puesto número 13 de la lista que el PSOE presentó por Madrid en las elecciones generales de 2011. Si dos diputados madrileños abandonaran su cargo, Mulas tendría la posibilidad de incorporarse al grupo parlamentario. Es una circunstancia que los socialistas todavía no han previsto. Según fuentes de la dirección, "si esa situación se produce, esperamos que Mulas renuncie a su escaño"

El ya exdirector de la Fundación Ideas, Carlos Mulas, sí sabía que su pareja, Irene Zoe Alameda, escribía columnas bajo el seudónimo Amy Martin para la sociedad que él dirigía, a pesar de que ambos intentaron en un primer momento negar la evidencia con rocambolescas explicaciones.

Este jueves, la escritora aseguró en un comunicado que Mulas no tenía conocimiento de que ella trabajaba para Ideas a través de su empresa Storylines Projects, S.L. En concreto, hacía referencia al logo de la sociedad: "Se ha hablado mucho de un logo registrado a nombre de mi empresa, Storylines Projects. Ese logo lo diseñé yo, Irene Zoe Alameda gratuitamente y se lo cedí a la Fundación, a modo de tributo, para adornar su naciente página web".

Extracto del BORME en el que figura el cambio de administrador único en Storylines Projects, S.L.

Sin embargo, ese logo y la marca 'Amy Martin' fueron registrados en el Boletín Oficial del Registro Mercantil el 23 de marzo de 2011 por Storylines Projects. En esa fecha, el administrador único de la sociedad era Carlos Mulas. Unos meses más tarde, el 23 de diciembre de 2011, Mulas cedía la administración de la empresa a Irene Zoe Alameda, pero hasta entonces era conocedor de la marca y el logo que firmaban en la Fundación Ideas porque él mismo los había registrado.

Mulas podría haber  abusado de sus funciones al frente de la fundación para beneficiar a su pareja. Este delito está penado con seis meses a cuatro años de prisión o una multa del triple del beneficio obtenido, si bien es necesario que la parte afectada denuncie los hechos, en este caso el PSOE a través de Ideas. De hecho, el vicepresidente ejectutivo de la entidad, Jesús Caldera, ha advertido de que se llevará a cabo una "investigación exhaustiva" sobre la gestión de Carlos Mulas y ha puesto el caso en manos de sus abogados para que estudien las posibles acciones legales. Por ahora, el PSOE parece conformarse con que Mulas devuelva el dinero que se pagó a Amy Martin.

No obstante, la norma establece que también podrá denunciar el Ministerio Fiscal en el caso de que el abuso afecte a los intereses generales o a una pluralidad de personas. Teniendo en cuenta el carácter público de la Fundación, que recibe subvenciones, el fiscal podría intervenir sin necesidad de una denuncia

DEVOLUCION EN CALIENTE DE MUERTOS

15 negritos

Los hechos sucedidos en Ceuta resultan tan terribles como injustificables. Da igual la versión que escojan, la que era mentira o ésta que ahora nos aseguran que es verdad, salvo algunas cosas. Ninguna cabe en un país civilizado

Antón Losada 

16/02/2014 - 19:44h

En democracia conviene llamar a las cosas por su nombre. Cuando dos centenares de seres humanos intentan cruzar por mar una frontera entre pelotas de goma y disparos al aire, mientras la Guardia Civil duda entre socorrerlos o no, la muerte de quince personas no es un accidente. Es un acto de inhumanidad que roza lo criminal. No hace falta que Europa nos llame la atención desde la hipocresía de un continente repleto de gobiernos que solo se indignan ante los inmigrantes muertos de los demás. Debería caérsenos a todos la cara de vergüenza como país.

Los hechos sucedidos en Ceuta resultan tan terribles como injustificables. Da igual la versión que escojan, la que era mentira o ésta que ahora nos aseguran que es verdad, salvo algunas cosas. Ninguna cabe en un país civilizado. La prioridad nunca puede ser impedir que cruce la frontera un puñado de seres humanos desesperados huyendo de la miseria y buscando una vida mejor. La prioridad debe centrarse siempre en que la playa no se llene de cadáveres devueltos por el mar. El cínico relato ofrecido finalmente por el Gobierno ante el Parlamento constituye una vergüenza democrática. Exige reparación y responsabilidades. 

La gestión de la información y las explicaciones oficiales del drama de Ceuta han añadido además una secuencia de incompetencia y propaganda. Primero se mintió para hacernos creer que las víctimas se lo habían buscado. Luego se manipularon las pruebas para mantener a toda costa la mentira. Finalmente se amenazó a cualquiera que osase denunciar la versión oficial. Las excusas del Ministerio, alegando que en cada momento informaba según lo que sabía, solo añade a la mentira el cargo de incompetencia.

Han tenido que morir quince seres humanos para enterarnos de que nuestras fuerzas del orden devuelven a los detenidos al ejército marroquí en el momento y en mano, como si fueran productos caducados o en mal estado. El lenguaje nunca es inocente, menos en este drama. Son devoluciones ilegales, no "devoluciones en caliente". Tampoco se trata de "deficiencias" en la aplicación de la Ley de Extranjería, como fríamente ha afirmado la vicepresidenta Sáenz de Santamaría. Es una indecencia y un acto ilegal. No se trata de inconvenientes inmigrantes ilegales de quienes esté justificado librarse por cualquier medio, incluso pisoteando sus derechos. Se trata de personas con derechos y garantías legales que deben ser respetadas y protegidas por las autoridades de un Estado que se llame a sí mismo democrático.

Alguien en este Gobierno tan devoto y al que tanto le gusta recurrir al "ejemplo alemán" para justificar las políticas de sufrimiento masivo aplicadas a la gente que ni ha causado ni se ha beneficiado de la crisis económica, debería aplicarse tanta ejemplaridad. Haría bien en seguir el camino del ministro de Agricultura germano, que acaba de dimitir por filtrar una operación policial cuando era responsable de Interior. Fernández de Mesa ya ha tenido premio suficiente por su nefasta gestión del Prestige cuando era Delegado del Gobierno en Galicia.

Los muertos de Ceuta no son quince negritos en una mala novela negra escrita por el Ministro Fernández Díaz. Tampoco son inmigrantes ilegales. Son víctimas, nuestras víctimas. Merecen el mismo respeto y dignidad, la misma memoria que todas las demás víctimas. No lo olviden. No les olviden.

OTRO ENGAÑO MAS?se atrevera la CMNV contra Botin?No creo

La CNMV multa a Banco Santander con 16,9 millones por la comercialización de Valores Santander

La Comisión Nacional del Mercado de Valores sanciona al banco por vender a sus clientes un producto complejo sin ofrecerles la información necesaria sobre los riesgos

eldiario.es adelantó en exclusiva como la entidad intenta silenciar a miles de afectados mediante cláusulas de confidencialidad que escondan la situación

129.000 inversores compraron 7.000 millones de euros de estos productos y perdieron al menos la mitad de la inversión.

El Banco recurrirá,y todo quedara en nada,salvo los pobres clientes que habrán perdido el 50% de su inversion.

ALTERNATIVA CONTRA EL DESAHUCIO

Otra alternativa contra el desahucio

Un sector de juristas aboga por rescatar la "enfiteusis", una figura en desuso del Derecho Romano, para evitar embargos hipotecarios y conjugar los intereses de familias y entidades

Se llama censo enfitéutico y es una fórmula contra los desahucios que expertos juristas están barajando como alternativa a la dación en pago o al alquiler social. Una media cercana a 160 familias españolas cada día perdieron su casa en 2013 por no poder hacer frente al pago de la hipoteca, según datos del Banco de España. El drama social de padres e hijos que tienen que abandonar sus viviendas continúa, aunque los procedimientos de desahucios en sentido estricto hayan remitido desde que les puso coto una resolución de Tribunal de Justicia de la UE a principios de 2013. Ocurre, a la vez, que la morosidad hipotecaria ha aumentado el 40% en un año, espoleada por el paro y el desgaste de la renta familiar tras seis años de crisis.

En este contexto está ganando resonancia una propuesta que tiene origen en el ámbito jurídico: utilizar una vieja figura del derecho civil, la denominada "enfiteusis", para contener los efectos de los impagos de hipotecas y, en cierta medida, conjugar los intereses de los hogares deudores y de la banca acreedora. De manera esquemática consiste en que el banco se hace con la propiedad temporal de la vivienda pero la familia en dificultades puede seguir viviendo en ella, obteniendo una rebaja significativa de su cuota hipotecaria y puede llegar a rescatar su plena titularidad si, llegado un plazo determinado, mejora su situación económica.

El procedimiento se basa en las reglas del censo enfitéutico, un tipo de contrato presente ya en el Derecho Romano. La enfiteusis (que en griego clásico significa plantación) fue una figura extendida durante la Edad Media en algunas zonas, vinculada a la cesión de terreno para la agricultura. Los campesinos, empujados por la inseguridad, entregaban sus tierras a los poderosos de entonces (nobles u órdenes monásticas) a cambio de protección; el agricultor cedía el llamado "dominio directo o potencial" pero conservaba el "dominio útil": el derecho a explotar la finca y a disponer de sus frutos. El señor feudal o el monasterio recibían un canon del campesino. El contrato pasó siglos después al Código Civil transformado en un derecho de servidumbre y con una regulación que, según un sector de juristas, serviría para atender la situación de no pocas familias hipotecadas en dificultades. Según las explicaciones de José Ángel Martínez Sanchiz, notario madrileño y uno de los expertos que con más firmeza ha defendido esta fórmula, la enfiteusis aplicada a los deudores hipotecarios funcionaría como se resume en los siguientes puntos:

La cesión

El deudor que no puede pagar la hipoteca entrega al banco la propiedad, pero no plena, "sino el dominio potencial" que prevé el contrato enfitéutico. La familia conservará el "dominio útil", lo que implica que puede seguir disfrutando de la casa, pero también arrendarla o transmitir su derecho a otros mediante herencia e incluso venta.

La hipoteca

A cambio de la entrega del "dominio potencial" al banco, este cancela una parte del préstamo hipotecario (por ejemplo, el 30%). El deudor obtiene, así, una rebaja de la cuota mensual que será aún mayor en caso de que se renegocie y alargue el plazo de pago del crédito. Según Martínez Sanchiz, "fácilmente la rebaja total podría llegar al 50%".

El rescate

La cesión de la propiedad al banco sería temporal; duraría lo que el nuevo plazo de amortización del préstamo. Finalizado ese tiempo, la familia tendría la posibilidad de rescatar la propiedad plena abonando la parte del préstamo inicial (30%) que fue cancelada a cambio de que el banco se hiciera con el "dominio potencial". Durante esta crisis, tan asociada a la burbuja inmobiliaria, a los excesos del sector financiero y al enorme endeudamiento privado, los movimientos ciudadanos y algunas organizaciones políticas han hecho bandera de la reivindicación de la dación en pago (entrega de la propiedad de la vivienda al banco) como vía para liquidar deudas hipotecarias, combinada con la concesión de un "alquiler social", por debajo del precio de mercado, para que la familia que no puede abonar sus cuotas hipotecarias sí pueda permanecer en su vivienda. La alternativa de la enfiteusis resulta, según sus defensores, más ventajosa para todas las partes: "evita el desahucio y puede generar un descenso del nivel de morosidad".

Para el titular de la hipoteca, la fórmula comentada evita la salida de la vivienda y la extinción completa del derecho de propiedad, permite aligerar las cuotas del préstamo y da la opción de recuperar el dominio pleno de la casa si sus dificultades económicas disminuyen en el futuro y dispone del dinero o del crédito necesarios para abonar aquella parte de la hipoteca que fue cancelada al aplicar la enfiteusis. Para el banco, estiman los juristas, esta alternativa a los embargos y a la dación en pago aligeraría la obligación de realizar provisiones (reservar capital) para cubrir la morosidad y también las que deben hacer las entidades cuando se adjudican inmuebles por impagos o negociaciones con los clientes. En la medida en que el banco se hace con la propiedad de manera temporal y solo en la versión de "dominio potencial" las citadas dotaciones serían menores. Y en la medida en que se rebaja la carga financiera sobre la familia que tiene la hipoteca, el riesgo de impagos también se reduciría

¿viviendas publicas o pelotazo?

¿OJO ,a que aprovechados se referia Victor del Moral,pp extremeño?

Madrid vendió pisos públicos por 63.000 euros a empresas que ahora exigen a sus inquilinos 160.000

"O compras o a la calle"

El PSOE ha interpuesto una querella al considerar que se está cometiendo un delito de malversación y prevaricación

La Comunidad reconoce que los inquilinos de viviendas públicas vendidas solo mantendrán sus condiciones mientras dure el contrato

El Gobierno se justifica: "La oferta de vivienda pública no es exclusiva de la administración pública"

 

La venta de 3.000 viviendas de protección oficial del Instituto de la Vivienda de Madrid (Ivima), en agosto, alivió algo las arcas regionales. Pero amenaza con traerle al Gobierno de Ignacio González más problemas en los tribunales. Aunque el consejero de Vivienda, Pablo Cavero, trató en noviembre de tranquilizar a los inquilinos afirmando que se mantendría el precio del alquiler, ahora ha matizado sus palabras para señalar que las condiciones "se mantendrán durante el tiempo establecido" en el contrato.

Es decir, una vez que finalicen esos contratos, será el fondo de inversión Goldman Sachs-Azora, el actual dueño de esas viviendas, quien decida en qué términos podrán continuar –si pueden hacerlo– los inquilinos en esas viviendas. "Hemos creado un clima de seguridad jurídica, respetando la libertad de los propietarios a utilizarlos como deseen", ha explicado Cavero.

Si bien la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), la Plataforma de Afectados por la Vivienda Pública y Social (PAVPS) y la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) interpusieron en noviembre un recurso ante lo que califican como un "desmantelamiento y expolio de la vivienda pública", ahora es el PSOE quien ha optado por acudir a los tribunales. Pero esta vez, por la vía penal, al considerar que la Comunidad está cometiendo un delito de malversación de fondos y otro de prevaricación.

Según el socialista Antonio Fernández Gordillo, los inquilinos para los que "empiezan a vencer las opciones de compra" han comenzado a "sufrir mobbing" por parte de los nuevos propietarios de las viviendas. Según el diputado autonómico, sólo hay dos opciones: "O compras o a la calle". El negocio es redondo. Mientras el fondo de inversión Goldman Sachs-Azora adquirió las viviendas por una media de 63.000 euros cada uno -201 millones en total-, el precio para sus actuales moradores (que tienen un alquiler con opción a compra) no ha variado: oscila entre los 150.000 y los 170.000 euros.

Esto está sucediendo ya, según explica Gordillo, en urbanizaciones de La Ventilla y el PAU de Vallecas. En Villalba y Torrejón de Ardoz se están dando las primeras muestras de otra problemática. El decreto 226/1998, actualizado el 22 de julio de 2013, apenas unos días antes de la venta, intenta proteger a las "personas y familias más necesitadas" con una reducción en el alquiler durante un máximo de dos años, pero con posibilidad de prórroga si las condiciones se mantienen. No obstante, uno de los requisitos es ser ya inquilino de una vivienda del Ivima. Algo que ahora no ocurre con las 2.935 casas vendidas a lo que desde la PAH denominan "fondos buitre".

"¿Y dicen que las mejoras no se notan en la calle?"

No obstante, durante su comparecencia de este jueves en el pleno de la Asamblea, Cavero ha optado por hacer balance del parque de viviendas públicas de la Comunidad. Según el consejero, hasta el tercer trimestre de 2013 el 40% de las promociones que comenzaron a construirse en España se encuentran en la Comunidad de Madrid. El IVIMA tiene 20.000 viviendas públicas en alquiler, desde 2007 hasta ahora se han construido más de 14.000 pisos dentro de planes jóvenes y una retahíla de cifras que pretendían evitar las preguntas de la diputada de IU, Isabel Moreno, sobre los inquilinos de las 3.000 viviendas vendidas: "¿Prodán permanecer en alquiler? ¿Durante cuánto tiempo? ¿En qué situación se quedan los que recibían algún tipo de subvención?". Finalmente, la respuesta fue clara: "Se mantendrán las condiciones durante el tiempo establecido".

El consejero se ha felicitado por "crear las condiciones necesarias para que la vivienda protegida sea atractiva para los promotores privados", que crean "tres puestos de trabajo por vivienda construida". "La oferta de vivienda pública no es exclusiva de la administración pública", ha defendido. Además, se ha respaldado en la creación de 1.000 nuevas viviendas públicas por parte del Gobierno de Ignacio González.

"Ayudas, beneficios sociales y fiscales, ayudas a los jóvenes y acompañamiento social. Reducción fiscal y congelación de tarifas del agua y el transporte público para este 2014", continuó relatando Cavero para finalizar preguntándose: "¿Y dicen que las mejoras no se notan en la calle?".

También el grupo de UPyD se ha mostrado en contra de esta venta. En palabras de la diputada Loreto Ruiz de Alda, "el Ivima no está para vender viviendas a ningún fondo de inversión" por las "necesidades financieras" de la Comunidad. Y en esa línea ha exigido también que se modifique "el decreto que regula las ayudas" a los colectivos más vulnerables.